9.3.07
La devaluación de las instituciones
(OPINIÓN) "El Partido Popular ha asumido una grave responsabilidad al convocar la manifestación de mañana, que significa sacar de las instituciones y llevar a la calle una de las controversias más emocionales y enconadas que ha vivido la democracia española en materia de lucha antiterrorista. Sus líderes se han colocado en una situación de esquizofrenia política en la que deben desautorizar el discurso y las actitudes de los mismos extremistas a los que, por otro lado, están facilitando un vistoso escaparate y una inmejorable rampa de lanzamiento.
Una fuerza política con representación parlamentaria y que controla una parte sustancial del poder municipal y autonómico no puede llamar a la rebelión callejera, ni aun calificándola de "cívica", porque es tanto como declarar que las instituciones democráticas en las que participa o en las que gobierna han dejado de servir.
Según algunos dirigentes populares, su decisión de salir a las calles responde al "cordón sanitario" al que el resto de las fuerzas políticas les ha sometido en las instituciones, y citan el ejemplo de la Cámara autonómica vasca. Condenar al PP a un ostracismo parlamentario es, sin duda, una iniciativa censurable. Pero el inusitado griterío contra el presidente del Gobierno cuando trataba de explicar en el Senado sus razones para atenuar la prisión del terrorista De Juana Chaos dejó en evidencia que, con cordón sanitario o sin él, hace tiempo que el partido de Rajoy ha optado por la estrategia de la confrontación total. Los senadores populares convirtieron una sesión de control al Ejecutivo en un instrumento de propaganda con la vista puesta en la marcha que recorrerá las calles de Madrid. Lo de menos era cumplir con su primer deber de parlamentarios: escuchar al adversario y, en su caso, rebatirlo con mejores argumentos.
Los principales líderes del PP han continuado esta labor de agitación desleal con las instituciones al recurrir a una mezcla de declaraciones fraudulentas y de gestos demagógicos dirigidos a confundir a los ciudadanos acerca de una concreta medida del Gobierno. El asesino De Juana ha saldado sus cuentas con la justicia por los crímenes que cometió; la decisión que adoptó el Ejecutivo, y que ha sido avalada por el juez de vigilancia penitenciaria, se refiere únicamente a la sentencia que cumple en estos momentos, y que le fue impuesta por un delito de amenazas y otro de enaltecimiento del terrorismo. Éstos son los hechos, y de estos hechos el PP tiene todo el derecho a disentir por los cauces institucionales y, a ser posible, con la mesura que exige la lucha antiterrorista. Pero en lugar de hacerlo así, ha preferido poner en marcha una excepcional maquinaria de intoxicación dando a entender que se ha liberado a un asesino antes de que finalizara su condena. De ahí esa ignominiosa iniciativa de presentarse en los lugares en los que De Juana asesinó, como simple reclamo publicitario para mañana. Entre otros dirigentes populares, el ex presidente del Gobierno José María Aznar se ha prestado, sin dignidad alguna ni respeto para la función que él mismo ha desempeñado, a esta utilización propagandística de la muerte y del dolor ajeno.
El PP se dispone a atravesar una línea que ningún demócrata ha franqueado desde el inicio de la transición. Los ciudadanos saldrán más divididos frente al terrorismo, sin que la apropiación partidista de símbolos comunes o, incluso, del lazo azul que les unió en el pasado sirva para restañar las heridas que está abriendo este modo de hacer oposición. Sobre el paisaje de tierra quemada que se vislumbra al otro lado de la frontera que el PP cruzará mañana, Rajoy ha propuesto un "debate sosegado" sobre política antiterrorista. Puesto que él y su partido son quienes han perdido el sosiego, cabe suponer que es una forma de decir que la enajenación ha sido transitoria. Ojalá sea así, de manera que la política regrese a las instituciones y los ciudadanos puedan escuchar por fin razones y no desmesuras y exabruptos. Un debate que será más clarificador si el Gobierno".
(Visto en El País)
(OPINIÓN) "El Partido Popular ha asumido una grave responsabilidad al convocar la manifestación de mañana, que significa sacar de las instituciones y llevar a la calle una de las controversias más emocionales y enconadas que ha vivido la democracia española en materia de lucha antiterrorista. Sus líderes se han colocado en una situación de esquizofrenia política en la que deben desautorizar el discurso y las actitudes de los mismos extremistas a los que, por otro lado, están facilitando un vistoso escaparate y una inmejorable rampa de lanzamiento.
Una fuerza política con representación parlamentaria y que controla una parte sustancial del poder municipal y autonómico no puede llamar a la rebelión callejera, ni aun calificándola de "cívica", porque es tanto como declarar que las instituciones democráticas en las que participa o en las que gobierna han dejado de servir.
Según algunos dirigentes populares, su decisión de salir a las calles responde al "cordón sanitario" al que el resto de las fuerzas políticas les ha sometido en las instituciones, y citan el ejemplo de la Cámara autonómica vasca. Condenar al PP a un ostracismo parlamentario es, sin duda, una iniciativa censurable. Pero el inusitado griterío contra el presidente del Gobierno cuando trataba de explicar en el Senado sus razones para atenuar la prisión del terrorista De Juana Chaos dejó en evidencia que, con cordón sanitario o sin él, hace tiempo que el partido de Rajoy ha optado por la estrategia de la confrontación total. Los senadores populares convirtieron una sesión de control al Ejecutivo en un instrumento de propaganda con la vista puesta en la marcha que recorrerá las calles de Madrid. Lo de menos era cumplir con su primer deber de parlamentarios: escuchar al adversario y, en su caso, rebatirlo con mejores argumentos.
Los principales líderes del PP han continuado esta labor de agitación desleal con las instituciones al recurrir a una mezcla de declaraciones fraudulentas y de gestos demagógicos dirigidos a confundir a los ciudadanos acerca de una concreta medida del Gobierno. El asesino De Juana ha saldado sus cuentas con la justicia por los crímenes que cometió; la decisión que adoptó el Ejecutivo, y que ha sido avalada por el juez de vigilancia penitenciaria, se refiere únicamente a la sentencia que cumple en estos momentos, y que le fue impuesta por un delito de amenazas y otro de enaltecimiento del terrorismo. Éstos son los hechos, y de estos hechos el PP tiene todo el derecho a disentir por los cauces institucionales y, a ser posible, con la mesura que exige la lucha antiterrorista. Pero en lugar de hacerlo así, ha preferido poner en marcha una excepcional maquinaria de intoxicación dando a entender que se ha liberado a un asesino antes de que finalizara su condena. De ahí esa ignominiosa iniciativa de presentarse en los lugares en los que De Juana asesinó, como simple reclamo publicitario para mañana. Entre otros dirigentes populares, el ex presidente del Gobierno José María Aznar se ha prestado, sin dignidad alguna ni respeto para la función que él mismo ha desempeñado, a esta utilización propagandística de la muerte y del dolor ajeno.
El PP se dispone a atravesar una línea que ningún demócrata ha franqueado desde el inicio de la transición. Los ciudadanos saldrán más divididos frente al terrorismo, sin que la apropiación partidista de símbolos comunes o, incluso, del lazo azul que les unió en el pasado sirva para restañar las heridas que está abriendo este modo de hacer oposición. Sobre el paisaje de tierra quemada que se vislumbra al otro lado de la frontera que el PP cruzará mañana, Rajoy ha propuesto un "debate sosegado" sobre política antiterrorista. Puesto que él y su partido son quienes han perdido el sosiego, cabe suponer que es una forma de decir que la enajenación ha sido transitoria. Ojalá sea así, de manera que la política regrese a las instituciones y los ciudadanos puedan escuchar por fin razones y no desmesuras y exabruptos. Un debate que será más clarificador si el Gobierno".
(Visto en El País)
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