22.12.10
Golpe mortal
El Gobierno fracasa con la 'ley Sinde', que busca defender la propiedad intelectual en la Red
La llamada ley Sinde no consiguió ayer en el Congreso, tras un acalorado debate y múltiples negociaciones, el apoyo suficiente para cerrar su tortuoso recorrido, durante el cual se han ido dañando los argumentos de quienes la apoyan tal y como está concebida. Colocarla encapsulada en una disposición adicional dentro de la Ley de Economía Sostenible pareció, de entrada, una operación de enmascaramiento. Y es difícil explicar tanta prisa y atropellamiento cuando el debate y el problema llevan abiertos mucho tiempo.
Cabe pensar que las reiteradas broncas de las autoridades norteamericanas sobre la desprotección española ante la llamada piratería, y las gestiones diplomáticas desveladas con los papeles de Wikileaks, apremiaron al Gobierno, que tiene entretenida desde hace excesivo tiempo una reforma a fondo de la Ley de Propiedad Intelectual en el contexto de la sociedad digital.
El planteamiento del Ejecutivo era claro. No perseguir al internauta que realiza la descarga o disfruta en línea del contenido protegido, como sucede en Francia, sino al sitio que lo facilita. Indudablemente, la propiedad intelectual merece protección dentro y fuera de Internet. Pero la industria quiere evitar que Internet sea una herramienta de vulneración de tales derechos y quiere que se haga exclusivamente con leyes, algo que si falta capacidad de convicción no conseguirá el objetivo que buscan. Se puede cerrar webs, pero los circuitos alternativos son muchos y difíciles de cortocircuitar solo con una ley. La industria no puede pretender poner cerrojos en Internet y mantener a la vez su modelo de negocio sin tener en cuenta los cambios que se han producido.
La ley tiene dos puntos conflictivos. Uno es la desconocida composición de la Comisión, dependiente del Ministerio de Cultura, que debe examinar las denuncias presentadas por los titulares de los derechos de autor y, en su caso, tramitar el procedimiento ante la Audiencia Nacional. El segundo es el papel reservado a la Audiencia Nacional, cuyos jueces deberán resolver en cuatro días si procede el cierre de la web acusada. El juez no debe entrar en el fondo de la cuestión, sólo contemplar si la medida afecta a derechos fundamentales. Es decir, el análisis judicial del caso se pospone a la decisión posterior de otros tribunales por la vía del recurso, cuando el sitio denunciado ya ha sido cerrado. Cualquier decisión por parte de los tribunales ordinarios que se opusiera al cierre avalado por la Audiencia Nacional conllevaría una rectificación tardía y difícil de evaluar.
No tiene defensa posible un Internet libre en el que quepan conductas delictivas. El ciberespacio no debe ser ajeno al Estado de derecho, y quienes lo vulneran no pueden tener patente de corso. Pero a la vez hay que asegurar una definición clara de los supuestos perseguibles, una graduación de las sanciones acorde con la gravedad de la infracción, y un proceso con garantías cuando lo que está en juego es el cierre definitivo de un sitio.
Etiquetas: derechos de autor, internet, propiedad intelectual
6 Comments:
Parece que los poderes fácticos van entrando en razón. Ahora solo falta que la industria audiovisual se caiga de la burra y empiece a hacer algo constructivo, como por ejemplo ofrecer sus productos a unos precios atractivos de forma masiva, en vez de llorar al ministerio de turno para que subvencione sus ineficiencias.
By 
, at
22 de diciembre de 2010, 11:38
Anónimo, es difícil que triunfe ningún negocio digital de contenidos mientras sigan existiendo las páginas de p2p tal y como son hoy en día en España...
By 
Unknown, at
22 de diciembre de 2010, 13:01
No estoy de acuerdo, Toño. La gran falacia es presentar la disyuntiva "si lo descargo de la red no lo compro en la tienda". La disyuntiva no es esa, yo no hubiera comprado prácticamente casi nada de lo que he bajado de la red. Antes al contrario, cosas que he bajado y me han gustado mucho (libros, pelis) he terminado comprándolas en la tienda por el placer de la posesión material.
Siempre habrá personas que entre pagar un céntimo y pagar cero elegirán lo segundo. Pero si a mí me ofrecen, por ejemplo, e-libros bien maquetados por, digamos, 3 o 5 euros, no dudes que los compraré. Lo que no pueden pretender es venderme el e-libro a 30 euros, cuando el coste marginal de un e-libro es cercano a cero.
Llevan años dejando pasar un gran negocio por delante de su puerta. Allá ellos. Otros lo aprovecharán.
By , at
22 de diciembre de 2010, 14:29
"Llevan años dejando pasar un gran negocio por delante de su puerta. Allá ellos. Otros lo aprovecharán".
Totalmente de acuerdo en esto, pero es sólo un aspecto de todo el problema. También hay que ponerle el cascabel al gato de las operadoras, que se lo siguen llevando crudito y promocionando el 'bájatelo todo más rápido' de sus anuncios...
By Unknown, at
22 de diciembre de 2010, 14:40
¿Soberbio? Es vomitivo ver como califican de conductas delictivas lo que es ya un hecho cotidiano. Cuando la ley no refleja la realidad de la sociedad la sociedad se impone quieran o no.
Sus jefes y ustedes mercenarios viven en una realidad ajena a que los modelos de negocio caducan al igual que los productos, los ingenios técnicos y los imperios. Serán engullidos antes o después, lo único que pueden hacer es aprovechar el cambio o pasar a la Historia como gentuza que pasa por encima de los derechos más elementales para proteger su caduco corral.
Ustedes son a la cultura lo que los inquisidores a los libros de la ilustración. No se opongan o serán aplastados.
By Goyix, at
14 de enero de 2011, 14:22
Por cierto, por mucho que lo repitan, no es una conducta delictiva. Cosa diferente es el canon digital o el conflicto de intereses de su ministra, por mucho que coma de su mano.
By Goyix, at
14 de enero de 2011, 14:26
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